Despacho de Abogados en Madrid

La última llama del problema prendió el martes, cuando un grupo de abogados del turno de oficio se concentró ante las puertas del Colegio de Abogados, pero cíclicamente por estas fechas tiene lugar la misma demanda por parte de este sector. En esencia, reclaman los impagos por parte del Gobierno regional de la remuneración correspondiente a 2010, que ascienden a 30 millones de euros, pero también la revisión de la remuneración salarial (que son de 2003), y la protección del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández-Gil, les apoya en sus demandas. «La situación está cada vez peor», reconoce. Tanto, que a su juicio, «el servicio quebrará por algún lado». «Y lo que está en juego es un derecho fundamental de los ciudadanos», advierte. Hernández Gil asegura que aunque no duda de que «hay voluntad» por parte del Gobierno regional, las reiteradas reclamaciones producidas desde este Consejo de Colegios no han producido la debida respuesta por parte de este entidad pública, «lo que está comprometiendo gravemente las relaciones entre ambas instituciones». Aunque, reconoce el decano del ICAM, también es cierto que «la transferencia de recursos del Estado a las Comunidades está mal diseñado».

«Inasumible»

En cualquier caso, el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid, continua el decano del ICAM, ha presentado puntualmente las certificaciones trimestrales con las cantidades correspondientes a las actuaciones, justificadas por los abogados de turno de oficio, y a los gastos de gestión de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, tal y como exige la normativa vigente. Pero la Comunidad de Madrid, continua el decano, únicamente se ha hecho cargo del libramiento del 73% de las cantidades certificadas en el primer trimestre de 2010, por lo que su deuda por el ejercicio 2010 aún supera los 30 millones de euros, una cantidad que, «si es importante para la Comunidad, resulta inasumible para el colectivo de abogados afectados y para la organización colegial».

Sin duda estas dificultades, concluye, «están provocando un creciente malestar en los abogados y en sus asociaciones, más el perjuicio económico asociado al elevado coste financiero necesario para compensar los retrasos injustificados de la Comunidad». Y si este malestar no se soluciona a lo largo de febrero, puede acabar en manifestación el 28 de este mes y huelga indefinida el próximo 15 de marzo.

Es más, desde la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) su presidenta, Juana Marco, advierte de que, aunque se realicen los pagos exigidos, está previsto continuar con las movilizaciones planteadas porque «nuestras reivindicaciones no pasan únicamente por los pagos que se nos adeudan».

Situación «insostenible»

Por su parte fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid reconocieron ayer a ABC el retraso de la deuda de 30 millones de euros, y que este mes está previsto saldar la deuda con el turno de oficio, pero también explicaron que es difícil asumir esa cantidad cuando «este servicio se ha multiplicado de los 9 millones que costaba en 2003 a los 50 de 2010».

«Este es un incremento que es difícil de asumir para las arcas públicas, y más en una época de crisis como esta». «Todos estamos de acuerdo en que la situación es insostenible», apuntaron. Estas mismas fuentes avanzaron que el Gobierno regional trabaja en un decreto de Justicia gratuita que «debería armonizarlo todo».

FUENTE: www.abc.es

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